C-LM carga contra las confederaciones hidrográficas, «instituciones paralizantes», y pide al Estado «romper el bucle»

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha colocado el punto de mira en la forma de operar de las confederaciones hidrográficas, que en muchos casos «se han convertido en unas instituciones paralizantes de la tramitación de multitud de expedientes y proyectos».

En una entrevista con Europa Press, apunta directamente a «ejemplos sangrantes» en la Confederación del Guadiana, que tiene «miles de expedientes sin resolver» en lo que afecta al sector agrario.

«Y lo que vemos es que cada vez que hay dotación de medios para la gestión de la confederación, se utilizan para sancionar a los agricultores que están pidiendo que se resuelvan sus expedientes», lamenta.

Entiende Martínez Guijarro que «no puede ser que la confederación, si tiene capacidad para contratar a más personal, lo haga para vigilancia» de cara a sancionar más.

Pone el acento en que tampoco puede ser que «un cambio de titularidad de derechos de agua o un cambio de destino esté siete años sin tramitarse» en un periodo de tiempo en el que los afectados «son sancionados porque no tienen derechos y no los tienen porque la confederación no ha resuelto su expediente».

«Entramos en un bucle que hay que romper y lo tiene que romper el Ministerio, que tiene que ser consciente de lo que ocurre en las confederaciones», ha señalado.

Y es que, afirma, «no puede ser que los ríos se conviertan en condenas para las ciudades por donde transcurren», hasta el punto de que muchos pueblos se ven obligados a «vivir de espaldas» a estos ríos.

Insiste en que las confederaciones hidrográficas «no pueden pretender que los pueblos pequeños sean los responsables de limpiar los cauces en su casco urbano», ya que «no tienen capacidad para hacerlo».

Un extremo que «puede estar bien para que Madrid pueda tener adecuado el Manzanares», pero que «no se puede pedir a un pequeño municipio». «No tienen capacidad ni administrativa, ni técnica, ni presupuestaria».

En materia agrícola, Martínez Guijarro también ha hecho alusión a los recientemente aprobados aranceles del 15% a productos de la Unión Europea desde Estados Unidos tras el acuerdo entre Donald Trump y Ursula Von der Leyen.

Asegura que no es un buen acuerdo, ya que «parece más un sometimiento a los planteamientos» del presidente norteamericano desde las instituciones europeas.

Ahora, lo que toca es «intentar con todos los sectores» ver otros itinerarios para «intentar minimizar los efectos» de este acuerdo.

«Lo que hay que hacer es diversificar todavía más la capacidad de exportación a otros territorios, para que quien esté muy expuesto al mercado americano reduzca esa exposición», sugiere el vicepresidente.

Otro de los puntos negativos de las políticas europeas ante el sector primario es la propuesta de recorte a la Política Agraria Común por encima del 20% de cara al próximo periodo presupuestario, a lo que Martínez Guijarro ha sumado un segundo problema, como es «la nacionalización» de esta política, de tal forma que «podría ser distinta en cada uno de los países y en función de sus gobiernos».

«Por lo tanto, la Política Agraria Común dejaría de serlo», avisa Martínez Guijarro, reparando en que la Comisión Europea, «conformada de manera mayoritaria por los conservadores», tiene un planteamiento «muy lesivo para el sector agrario del conjunto de Europa».