Plataforma Feminista pide a la Subdelegación que investigue el «desalojo ilegal» de una madre y su bebé en Azuqueca

GUADALAJARA 28 Oct. –

La Plataforma Feminista de Guadalajara ha denunciado públicamente, ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno, lo que califican como un «desalojo ilegal» ocurrido el pasado 23 de octubre en una vivienda de la calle Abetos, en Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde una madre y su bebé de 11 meses habrían sido desalojadas del inmueble «sin orden judicial».

Según el relato del colectivo, los hechos se produjeron cuando una empresa de desocupación acudió al edificio para manipular los contadores eléctricos, acompañada por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

En ese momento, la activista identificada como Raffaela Corrales, habría intentado impedir la operación al considerar que afectaba a varias familias vulnerables con menores a cargo y, según María Eugenia Blanco, de la Plataforma, fue detenida poco después.

«Lo que ocurrió el día 23 fue gravísimo. Se actuó sin orden judicial, con una empresa privada y con presencia policial, dejando a una madre y a su hija de once meses en la calle», ha afirmado María Eugenia Blanco, portavoz de la Plataforma Feminista de Guadalajara.

«El Estado de derecho también obliga a la Guardia Civil. No se puede consentir que se actúe al margen de la legalidad», ha añadido.

Por ello, el colectivo ha solicitado este martes una reunión urgente con la subdelegada del Gobierno en Guadalajara –que no se encontraba en Guadalajara– para trasladarle su preocupación por lo ocurrido y pedir que se investigue también la actuación de las fuerzas de seguridad.

Al encontrarse la subdelegada fuera de la provincia, han sido recibidas por su secretaria, en espera de que en breve les pueda recibir la subdelegada, Susana Cabellos.

Además, la plataforma ha anunciado la presentación de una denuncia por desalojo ilegal y otra por el trato «indigno» que, según sostienen, recibió Rafaela en dependencias de la Guardia Civil.

También han elevado una queja al Defensor del Pueblo y denuncian la persistencia de cortes de suministros de luz y agua en el edificio, que achacan a acciones de la misma empresa.

«La situación de estas mujeres es insostenible: llevan meses sin luz ni agua, pese a contar con certificados de vulnerabilidad que impiden cortar los suministros. Están siendo acosadas y desprotegidas institucionalmente», ha denunciado Blanco, acompañada de una veintena de personas más, quien ha recordado también que la mujer desalojada se encuentra actualmente en otra vivienda sobre la que pesa una orden de lanzamiento para el 18 de noviembre.

Desde la Plataforma Feminista de Guadalajara alertan de que este tipo de actuaciones «no son casos aislados» y podrían repetirse en otras localidades de la provincia.

Por ello, reclaman una revisión urgente de los procedimientos de actuación de las fuerzas de seguridad en situaciones de vulnerabilidad habitacional.